Aunque tal vez muchos de sus habitantes no lo saben, seis países de América Latina contemplan la pena de muerte en sus legislaciones. Si bien en algunos casos se restringe a situaciones excepcionales, la pena capital continúa siendo legalmente posible. La última ejecución en la región -llevada a cabo en 2003 en Cuba.
Algunos candidatos al congreso de la República del Perú, sostienen que para castigar ejemplarmente a violadores de menores, corruptos políticos comprobados, feminicidas y asesinos, sicarios y otros delincuentes homicidas es necesario la pena de muerte. La pena de muerte en el Perú es aplicada en caso de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín y deserción en tiempos de guerra. La pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979. En el mismo año, la pena de muerte fue abolida para los delitos comunes. En 1856 la pena de muerte se abolió. Se restituyó en 1933 para criminales hasta 1979. En 1993 se incluyó al delito de terrorismo. En la actualidad se han realizado hechos que atentan contra la vida,especialmente en niños y niñas: como violaciones y muertes. El Perú lleva 39 años sin aplicar la pena de muerte, hasta la actualidad.
La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para "el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada", pero podría ser modificada
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Pero ¿en qué países de la región sigue hoy vigente la pena de muerte y qué probabilidades hay de que se reanuden las ejecuciones tras décadas sin llevarlas a cabo?
Cuba: un arma contra "las agresiones de un imperio"
El Código Penal cubano contempla la pena de muerte "con carácter excepcional" para delitos como terrorismo, piratería, espionaje, rebelión, ayuda al enemigo o promoción de la acción armada contra el país. La pena de prisión perpetua fue introducida en 1999 como alternativa de la pena capital. Una moratoria vigente desde el año 2000 solo fue interrumpida una vez: con el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes cubanos acusados de secuestrar un barco con rehenes en La Habana con la intención de huir a Estados Unidos. Fueron condenados por "graves delitos de terrorismo".
La condena fue aplicada "para frenar en seco la oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos alentados por la política de Estados Unidos", justificó el presidente Raúl Castro en 2008, cuando anunció que conmutaría la pena de un grupo de condenados a muerte por prisión.
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Sin embargo, se apresuró a aclarar que aquel gesto no significaba la abolición de la pena capital.
"Hemos sido forzados a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar leyes severas contra nuestros enemigos (…). No podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos", dijo entonces, refiriéndose a Estados Unidos.
Años más tarde volvería a defender la existencia de la pena de muerte en su país durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2013.
"Está suspendida, pero ahí está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes", declaró ante el resto de mandatarios latinoamericanos.
Pese al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en 2015, la postura del gobierno cubano sobre la pena de muerte no ha variado.
Guatemala: el vacío legal
La pena de muerte está recogida en la Constitución y Código Penal de Guatemala, pero no se aplica desde hace cerca de dos décadas por un vacío legal al respecto. El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó la ley que regulaba el indulto y que permitía al primer mandatario del país suspender o no la ejecución en última instancia.
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Al no haberse restablecido la plena vigencia del recurso de gracia y continuar sin estar reglamentado, los jueces optaron en los últimos años por conmutar la pena de muerte por la máxima sentencia legal de 50 años de prisión a los reos que lo solicitaron.
"Mientras el Congreso no establezca las modificaciones o la regulación en el Código Penal respecto al indulto presidencial, no se puede aplicar", dijo el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Rolando Escobar Menaldo.
Preguntado recientemente por BBC Mundo a raíz del reciente debate en el país sobre la conveniencia o no de reactivar las ejecuciones para frenar el incremento de violencia por parte de las pandillas, Menaldo recordó que la Constitución señala que la pena capital se ejecutará tras agotar todos los recursos legales.
El último de ellos, que sería el perdón del presidente, no está regulado. Ello hace que, en la práctica, la pena de muerte sea inaplicable, afirmó el especialista.
La Carta Magna también afirma en su artículo 18 que "el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte". Esta nunca podrá imponerse "con fundamento en presunciones, a las mujeres, a los mayores de 60 años, o a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos".
Países de América Latina que mantienen la pena de muerte
(año de la última ejecución)
Cuba (2003)
Guatemala (2000)
Chile (1985)
Perú (1979)
El Salvador (1973)
Brasil (1876)
Chile, Perú, Brasil y El Salvador: en "tiempos de guerra"
En otros países, la pena de muerte fue abolida completamente de la justicia civil, pero podría aún ser aplicada por la justicia militar por crímenes excepcionales cometidos en tiempos de guerra. Es el caso de El Salvador, cuya Constitución recoge que "sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional". En Brasil, sus ciudadanos podrían ser fusilados en caso de guerra declarada por el presidente ante una agresión extranjera si cometieran delitos como traición, cobardía, rebelarse, deserción, crímenes de genocidio, robo o extorsión en zonas de operación militar, entre otros.
Chile aprobó en 2001 sustituir la pena de muerte por la de presidio perpetuo efectivo de 40 años en diversos textos legales, pero su código de justicia militar mantiene la condena capital para varios delitos en tiempos de guerra.
La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para "el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada".
¿Una contradicción?
Pero ¿es contradictorio mantener estos resquicios de la pena de muerte en legislaciones de gobiernos que, como el de Brasil, llegaron incluso a liderar la presentación de resoluciones contra la pena de muerte ante Naciones Unidas?
El que fuera secretario nacional de justicia de Brasil entre 2010 y 2011, Pedro Abramovay, dijo que la existencia de la pena capital en su Constitución era "una mancha" en el ordenamiento jurídico que "debilita la posición brasileña contra la pena de muerte en el escenario internacional".
Lo cierto, sin embargo, es que las propias leyes internacionales permiten expresamente la reserva sobre los tiempos de guerra a los países que deciden abolir la pena capital.
Es el caso del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1989.
Ya en su segundo artículo, el texto aclara que los países signatarios "podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar".
A esta reserva se acogieron expresamente Chile, Brasil y El Salvador en el momento de su adhesión. Cuba, Guatemala y Perú, en cambio, no firmaron este protocolo.
"Abrogación de la ley"
¿Qué posibilidad real existe de que estos países apliquen hoy en día la pena máxima? Y en caso de solo existir sobre el papel.
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"La pena de muerte esta vigente en su letra, pero carece de vigor", le dijo a BBC Mundo el también presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas.
"Para eliminarla del orden jurídico habría que derogarla expresamente, aunque en realidad no hay juez hoy que la aplique".
Tampoco parece sencillo que los países que solo la contemplan en tiempos de guerra puedan añadir en el futuro otros delitos para los que ser aplicada. A excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Este tratado prohíbe a los estados extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se les aplicara en el momento de su adhesión. Para añadir otros se tendría que denunciar el convenio, algo que es considerado "improbable" por muchos analistas.
Pioneros en abolición
En cuanto a los países que abolieron la pena de muerte para todos los delitos, América Latina fue la primera región del mundo en hacerlo después de la prohibición de Venezuela en 1863.
50 años después, solo otros seis países habían adoptado la misma decisión. Y cinco de ellos también estaban en Latinoamérica.
| Países de América Latina donde la pena de muerte fue abolida para todos los delitos | |
|---|---|
| País | Año |
| Venezuela | 1863 |
| Costa Rica | 1877 |
| Ecuador | 1906 |
| Uruguay | 1907 |
| Colombia | 1910 |
| Panamá | 1922 |
| Honduras | 1956 |
| República Dominicana | 1966 |
| Nicaragua | 1979 |
| Paraguay | 1992 |
| México | 2005 |
| Argentina | 2008 |
| Bolivia | 2009 |
| *Fuente: Amnistía Internacional | |
La situación es diferente en la América de habla inglesa. La pena de muerte continúa activa en Estados Unidos, Belice, Guyana y otros diez países insulares del Caribe como Jamaica, Barbados o Bahamas.
Sin embargo, solo un país llevó a cabo ejecuciones en el continente desde 2009: Estados Unidos.
"No cabe duda de que la pena de muerte está en vías de extinción en América, en consonancia con la tendencia mundial", afirma Amnistía Internacional en su documento "Reflexiones sobre la abolición" de septiembre de 2017.
FUENTE BBC
Convenientemente los gobernantes corruptos cambiaron la ley, la constitución del 93, para que los corruptos gobernantes y resto de criminales no sean sometidos a la pena capital. Siempre existió la pena de muerte desde la independencia en 1821 , pero fue cambiada para que impunidad exista. "La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada", pero podría ser modificada a que regrese, y depende netamente de la decisión del pueblo, es decir LOS CONGRESISTAS ELECTOS
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